SANTO DOMINGO, RD/ EL VOCERO.- El Abogado de Juan Alexis Medina Sánchez, principal imputado en el caso de corrupción administrativa Antipulpo, manifestó este viernes que el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, debe declararse incompetente para conocer el proceso, por ser de acción administrativa las imputaciones que hace el Ministerio Público.
Carlos Salcedo, abogado del imputado, explicó que en la audiencia preliminar el juez lo que conoce son dos cuestiones, estas son de formalidades y sustanciales que debieron darse durante el proceso de investigación y no se realizaron por parte del órgano persecutor.
Asimismo, destacó que deben mantener informado de la investigación a su representado, incluso, dijo que el juez Deiby Timoteo Peguero intimó y notificó al órgano persecutor para que le entregaran una pequeña parte de las pruebas.
“Nos entregaron un uno por ciento de las pruebas y eso hace nulo el proceso. El juez debe verificar su competencia. En la acusación del órgano acusador son por actuaciones administrativa, entonces contratos que están vinculados a empresas con Juan Alexis Medina Sánchez”, sostuvo el letrado.
En ese sentido, manifestó que en cualquier caso debería ser juzgado en el Tribunal Superior Administrativo (TSA), asegurando que ninguna de esas operaciones comerciales en el amparo de la ley 340-06 06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, que dice no tiene consecuencias penales, indicando que estos contratos no fueron impugnados ni revocados.
“Más aún, si benefician en este caso al contratista en las operación, primero se válida y debe defenderse en serie administrativa, por lo tanto, llevar a la jurisdicción penal condiciones que son puramente administrativa, están demás”.
Dijo, que Wilson Camacho y Carlos Pimentel aseguran que la ley no tiene “diente penales”, en referencia a que esta instancia es la última en la que hay que recurrir cuando se trata de esas cuestiones.
“Hay otros mecanismos para sancionar una empresa que negoció mal con el Estado, debió de hacerse mediante la administración e impugnar los contratos y derivar las consecuencias. La sanción es de una pena de cinco años, no más de ahí”, declaró.
Salcedo, reiteró que lo que están planteando es la incompetencia de la jurisdicción y se reduce la acusación del Ministerio Público.
“El juez debe dictar un auto de no ha lugar por ser incompetente y ordenar el archivo de una vez”, consideró.
Durante tres días estará replicando la acusación del expediente acusatorio de órgano acusador en contra de su defendido.
El proceso Antipulpo tiene 27 imputados, entre los que se encuentran la exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Carmen Magalys Medina; el expresidente de esa institución, Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública, Lorenzo Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, entre otros.
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