Cámara de Cuentas remite a la PEPCA auditorías con hasta 10 años de retraso

SANTO DOMINGO, RD/ EL VOCERO.- La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) ha remitido a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) expedientes sobre presuntas irregularidades que abarcan hasta una década de gestión pública.

Según fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR), la entrega de estos documentos busca dotar al Ministerio Público del sustento técnico necesario para procesar posibles casos de corrupción en gestiones pasadas. Sin embargo, el hecho de que los informes correspondan a periodos auditados entre 2013 y 2023 evidencia un rezago significativo en la fiscalización de los fondos estatales.

Este flujo de informes, intensificado en los últimos años, abarca desde proyectos de infraestructura estratégica, organismos de seguridad nacional, organismos de transporte y energía hasta partidos políticos y gobiernos locales, exponiendo anomalías que permanecieron fuera del radar judicial durante años.

Algunos de estos insumos ya han sido utilizados como pruebas en tribunales, específicamente en los procesos seguidos al exprocurador Jean Alain Rodríguez (Caso Medusa) y en los casos Coral y Antipulpo, en este último fue condenado a 7 años de prisión Alexis Medina, hermano del ex presidente Danilo Medina.

En lo que va de año, la Cámara de Cuentas ha despachado resoluciones críticas, entre las que destacan OPRET, auditoría a la construcción del Metro de Santo Domingo (periodo 2013-2017), remitida el 24 de abril de 2023.

Junta Central Electoral (JCE), informe sobre control interno y arqueo de caja chica (2019-2020), contrataciones Públicas (DGCP), informe sobre el periodo 2017-2020, Gabinete de Política Social, auditoría correspondiente a diciembre de 2020.

El patrón de envío masivo

El análisis de los acuses de recibo revela un envío masivo de investigaciones que quedaron estancadas.

Entre los informes más relevantes recibidos por la PEPCA en los últimos dos años figuran EGEHID, compras realizadas entre 2014 y 2020 a diversas constructoras y suplidoras (como Márquez Sarraff Constructora y Globus Electrical).

Seguridad Presidencial (CUSEP) y Turística (CESTUR/Politur), auditorías de 2010 a 2021, piezas clave en el Caso Coral contra militares y policías.

Plan de Humanización del Sistema Penitenciario (PGR), gestión 2016-2020 de Jean Alain Rodríguez. INDOTEL, proyectos y obras con rezago que data de 2009-2014, OMSA, investigación del periodo 2012-2017.

Municipios y partidos políticos

El nivel municipal ocupa una parte sustancial de la carga probatoria.

Se reportaron anomalías en la ejecución presupuestaria de los ayuntamientos de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Santiago, San Cristóbal, La Romana, Higüey y San Francisco de Macorís.

Asimismo, juntas distritales como Villa Gautier, Gualete, La Reforma y Pizarrete fueron auditadas, muchas a raíz de denuncias ciudadanas.

En cuanto a las organizaciones políticas, se registra una fiscalización tardía a los fondos utilizados por el Partido Alianza Social Dominicana (ASD) y el Partido Socialista Verde (PASOVE).

Cronología de remisiones pendientes (2014-2021)

La actual gestión de la Cámara de Cuentas intenta sanear el atraso procesal enviando expedientes que debieron procesarse hace años.

Tales como 2014-2016, Ministerio de Trabajo, Minerd, INEFI, CORDE, CEA, Departamento Aeroportuario y el Laboratorio Nacional Dr. Defilló.

2019-2020, Fedofútbol, Interior y Policía, y el ARS SEMMA, 2021, Mescyt, OISOE (equipamiento de hospitales vía Domedical Supply), Policía Nacional (suministro de combustible) y el MOPC (material asfáltico AC-30).

FONPER, auditorías sobre procesos vinculados a empresas de la familia Montilla y la Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan de la Maguana (Fumudesju).

Desafío

La tardanza en la entrega de estos informes técnicos representa un desafío para el Ministerio Público, ya que el paso del tiempo dificulta la recolección de pruebas adicionales y puede favorecer la prescripción de ciertos delitos.

Corresponde ahora a la PEPCA determinar si existen elementos suficientes para presentar acusaciones formales ante los tribunales.