Advierten que nuevo Código Penal podría generar temor en periodistas y ciudadanos a denunciar

Persio Maldonado Sánchez, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Inc.

SANTO DOMINGO, RD/ EL VOCERO.-- La entrada en vigor del nuevo Código Penal dominicano podría abrir un nuevo capítulo de controversias jurídicas en torno a la libertad de expresión y el derecho a la información.

Así lo advirtió Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), al expresar preocupación por las disposiciones relacionadas con los delitos de difamación e injuria, particularmente por el artículo 208, que contempla penas de prisión y sanciones económicas para quienes sean hallados culpables de difamar a una persona a través de medios tradicionales o digitales.

Para Maldonado, la redacción de este artículo podría generar un clima de temor entre periodistas, comunicadores, investigadores y ciudadanos que denuncian situaciones de interés público.

"Es una disposición contraria a lo que ya el Tribunal Constitucional había decidido en una sentencia anterior", afirmó el dirigente gremial al referirse a decisiones judiciales que cuestionaron la prisión como sanción para delitos relacionados con la expresión pública.

¿Qué establece el artículo 208?

El artículo 208 del nuevo Código Penal define la difamación como la imputación pública de un hecho específico a una persona física o jurídica que pueda afectar su honor, dignidad, reputación, imagen, consideración social o integridad familiar.

La norma contempla penas de entre dos y cinco años de prisión menor, además de multas equivalentes a entre nueve y quince salarios mínimos del sector público, cuando la difamación se produzca mediante:

• Medios impresos.
• Radio y televisión.
• Plataformas digitales.
• Redes sociales.
• Canales electrónicos.
• Otros mecanismos de difusión pública.

La inclusión explícita de las nuevas tecnologías ha generado especial preocupación entre organizaciones vinculadas a la comunicación y la defensa de derechos fundamentales.

El temor como límite a la libertad de expresión

Según Maldonado, uno de los principales riesgos de este tipo de sanciones es el efecto disuasorio que podrían tener sobre quienes realizan investigaciones periodísticas o denuncias ciudadanas.

"Cuando tú haces leyes draconianas normalmente pueden asustar. Y tal vez el miedo es la mayor presión que puede ejercerse contra la libertad", sostuvo.

El presidente de la SDD considera que la posibilidad de enfrentar condenas económicas elevadas o incluso privación de libertad podría provocar autocensura en profesionales de la comunicación y ciudadanos.

"El que ejerce el periodismo, el que realiza una labor de investigación, tiene miedo de que un juez le condene a millones de pesos y que él no tenga cómo responder", expresó.

Las excepciones previstas en la ley

El nuevo Código Penal también incorpora excepciones a las disposiciones sobre difamación e injuria.

El artículo 211 establece que no serán consideradas difamatorias determinadas expresiones realizadas en contextos institucionales específicos.

Entre ellas figuran:

• Discursos pronunciados en las cámaras legislativas.
• Informes y documentos emitidos por los poderes del Estado.
• Actuaciones del Tribunal Constitucional.
• Actuaciones del Tribunal Superior Electoral.
• Reseñas periodísticas de sesiones públicas del Congreso Nacional.
• Escritos y alegatos producidos dentro de procesos judiciales.

Estas exclusiones han generado debate debido a que determinados actores institucionales quedan protegidos frente a eventuales procesos por difamación, mientras que ciudadanos y comunicadores continúan sujetos a las disposiciones generales.

Un conflicto con precedentes constitucionales

Uno de los argumentos centrales planteados por la Sociedad Dominicana de Diarios es que la reintroducción de penas de prisión podría entrar en conflicto con criterios previamente establecidos por el Tribunal Constitucional.

Durante la última década, distintos sectores impulsaron reformas orientadas a eliminar la privación de libertad como castigo en casos de difamación e injuria, sustituyéndola por mecanismos de reparación civil.

Maldonado recordó que las iniciativas que permitieron reducir la aplicación de sanciones penales en estos casos fueron respaldadas históricamente por organizaciones periodísticas y defensores de derechos fundamentales.

¿Protección de la reputación o restricción del debate público?

El debate no es exclusivo de República Dominicana.

Organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Sociedad Interamericana de Prensa han sostenido durante años que los delitos de difamación no deberían implicar penas de prisión debido a su potencial impacto sobre la libertad de expresión.

Diversos estándares internacionales recomiendan que los conflictos relacionados con el honor y la reputación sean resueltos preferentemente mediante mecanismos civiles proporcionales y no mediante sanciones privativas de libertad.

No obstante, quienes defienden regulaciones más estrictas argumentan que la expansión de las redes sociales y plataformas digitales ha multiplicado los casos de desinformación, campañas de descrédito y presuntas extorsiones mediáticas, creando la necesidad de nuevas herramientas jurídicas.

Posibles acciones ante el Tribunal Constitucional

Maldonado considera probable que los artículos relacionados con difamación e injuria vuelvan a ser examinados por el Tribunal Constitucional una vez que el nuevo Código Penal entre plenamente en vigor.

"Yo creo que vamos a tener que volver a abordar el tema, probablemente con el Tribunal Constitucional", afirmó.

Algunos juristas han señalado que el escenario ideal para una revisión constitucional se produciría precisamente cuando las disposiciones comiencen a aplicarse y puedan evaluarse sus efectos concretos.

Un debate que apenas comienza

La discusión sobre los límites entre la protección de la reputación y la libertad de expresión sigue siendo uno de los temas más sensibles en las democracias contemporáneas.

Mientras sectores periodísticos insisten en la necesidad de evitar normas que puedan desalentar la fiscalización pública y la investigación periodística, otros consideran que el Estado debe contar con mecanismos eficaces para sancionar conductas difamatorias que causen daños reales a terceros.

La entrada en vigor del nuevo Código Penal podría convertir este debate en uno de los principales temas jurídicos y constitucionales de los próximos años en República Dominicana.