Reforma policial obligaría a agentes a usar cámaras corporales durante registros

SANTO DOMINGO, RD/ EL VOCERO.- El proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional convertiría en falta grave que un agente realice un registro sin tener activada su cámara corporal. La iniciativa también reconoce de forma expresa el derecho de los ciudadanos a grabar en todo momento las actuaciones policiales.

La modificación forma parte del informe legislativo presentado en el Senado, donde la reforma a la Ley núm. 590-16 fue aprobada en primera lectura tras una sesión prolongada. El Senado informó que la pieza fue conocida durante una jornada que inició a las 3:06 de la tarde y concluyó a las 11:41 de la noche, con 27 senadores presentes.

De acuerdo con el informe, el artículo 155 regula los registros personales y de vehículos. Los agentes podrán realizar inspecciones superficiales para buscar armas, drogas, bienes robados o prevenir delitos, pero bajo reglas más estrictas para evitar abusos.

Entre las nuevas garantías figura el uso preferente de medios tecnológicos, como detectores de metales y unidades caninas, con el objetivo de reducir el contacto físico con los ciudadanos durante los operativos.

El proyecto dispone que los registros deben realizarse por agentes del mismo sexo, prohíbe tocamientos en zonas íntimas y veta exigir que una persona se desnude. También establece que ninguna actuación podrá sustentarse en estereotipos, raza, apariencia física, origen étnico o identidad de género.

La propuesta introduce además controles para los chequeos preventivos. Los operativos diurnos deberán ser planificados previamente por los supervisores, mientras que los registros nocturnos no programados tendrán que reportarse de inmediato a la central de radio para dejar constancia del procedimiento y garantizar trazabilidad.

La reforma también fija límites al uso de la fuerza. El texto plantea que toda actuación policial debe ser proporcional y que la coacción solo podrá emplearse como último recurso.

En el plano institucional, el proyecto prohíbe que miembros de la Policía Nacional sean destacados o asignados de manera permanente para prestar servicios a personas, empresas, corporaciones o fundaciones privadas. En cambio, podrán ser enviados a labores de vigilancia en ministerios, direcciones generales, entidades autónomas y otras dependencias del Estado, siempre mediante solicitud formal y con registro para fines de auditoría.

El informe también contempla sanciones para autoridades que ordenen o mantengan personal policial en funciones ajenas a la seguridad pública. Además, amplía las facultades de investigación disciplinaria y modifica el régimen de retiro, preservando derechos adquiridos para agentes con 11 años o más de servicio.

El presidente de la Comisión Especial que estudió la iniciativa, Franklin Romero, presentó el informe favorable al pleno. Según el Senado, el proyecto busca modernizar la Policía Nacional, fortalecer la carrera policial y generar mayor confianza ciudadana.

La reforma modifica más de 40 artículos, entre ellos los artículos 21, 23, 33, 36, 89, 145, 147, 155, 157, 185, 220, 227, 230, 231, 234, 236, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 257, 258, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 275, 276, 277, 278, 283, 285, 287, 291, 299, 308, 309 y 315. También elimina párrafos del artículo 12, los artículos 146, 312, 313 y 314, así como el numeral 18 del artículo 315, por lo que el articulado deberá ser reenumerado.

Diario Libre reportó que la pieza fue aprobada casi a medianoche, luego de más de cinco horas de lectura íntegra de sus 315 artículos, con 24 votos favorables de 27 legisladores presentes. El medio también señaló que la aprobación se produjo en medio de cuestionamientos públicos por el uso abusivo de la fuerza policial.

La Ley Orgánica de la Policía Nacional núm. 590-16 fue promulgada originalmente el 15 de julio de 2016. Su propio texto establece como prioridad la conformación de una Policía profesional, eficiente y respetuosa de los derechos humanos.

La reforma aún no está vigente. Tras la aprobación en primera lectura en el Senado, debe completar los pasos legislativos correspondientes antes de convertirse en ley.