Gómez Mazara afirma que Hacienda debe autorizar los casinos en línea

El presidente de Indotel delimitó las competencias del organismo y cuestionó la promoción de apuestas que operan al margen de la ley.
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Presidente del Consejo Directivo del Indotel Guido Gomez Mazara


SANTO DOMINGO, RD/ EL VOCERO. – El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, afirmó que esa institución carece de facultades para autorizar o sancionar casinos en línea. 


Durante una entrevista con El Nuevo Diario, señaló que los procedimientos relacionados con los juegos de azar corresponden al Ministerio de Hacienda y Economía.


“Nosotros tenemos la jurisdicción tecnológica, pero el Ministerio de Hacienda tiene un área que valida los procedimientos”, explicó el funcionario. 


Al responder sobre las plataformas autorizadas para operar en el país, sostuvo que Indotel debe respetar las atribuciones de las demás instituciones, aunque durante la conversación no se identificaron los casinos digitales que cuentan con permiso.


Consultado sobre los influenciadores que promocionan apuestas sin autorización estatal, Gómez Mazara defendió que quienes promuevan actividades ilegales deben responder ante la justicia. 


Su advertencia no estuvo acompañada de detalles sobre investigaciones concretas ni de la identificación de personas sometidas a procesos por esa conducta.


El funcionario indicó que, hasta el momento de la entrevista, las instituciones investigativas no habían solicitado colaboración técnica a Indotel en los casos abordados. 


Explicó que el organismo puede suministrar información tecnológica cuando la requieran el Ministerio Público u otra autoridad competente, pero que esa asistencia no le concede potestad para imponer sanciones en materia de apuestas.


Gómez Mazara también consideró necesaria una actualización del marco legal vigente desde 1998. 


Según informó, Indotel concluyó una propuesta de reforma con especialistas nacionales y extranjeros y la remitió a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo; estimó que su depósito ante el Congreso podría producirse durante la legislatura de febrero.

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