MAP elaborará en 2027 un reglamento de inteligencia artificial para el Estado

La propuesta será sometida al Poder Ejecutivo y establecerá criterios sobre riesgos, transparencia y responsabilidades en el uso de estos sistemas.
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SANTO DOMINGO, RD/ EL VOCERO.- El Ministerio de Administración Pública (MAP) anunció que elaborará durante 2027 el Reglamento General de Inteligencia Artificial para el Sector Público, con el propósito de establecer reglas comunes para la adopción y el uso de estas tecnologías en las instituciones estatales.


La propuesta será sometida al Poder Ejecutivo para su aprobación mediante decreto. Su alcance incluirá la gobernanza de los sistemas, la gestión de riesgos, las responsabilidades institucionales, la transparencia y la protección de los derechos ciudadanos.


El ministro Sigmund Freund sostuvo que la incorporación de inteligencia artificial debe contribuir a mejorar los servicios públicos y simplificar la relación de las personas con el Estado. Para ello, señaló la necesidad de contar con datos confiables, instituciones coordinadas, inversiones orientadas a esos objetivos y personal capacitado.


Protección de derechos y supervisión humana


El reglamento dará continuidad al Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, aprobado mediante el Decreto 787-26. Según explicó el MAP, este instrumento establece principios y obligaciones relacionados con la protección de datos personales, la no discriminación, el debido proceso y la supervisión humana.


También contempla evaluaciones de impacto para sistemas que puedan afectar significativamente los derechos fundamentales, el acceso a beneficios públicos o la prestación de servicios esenciales.


La aplicación del código involucrará al MAP en sus competencias rectoras, a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) en la supervisión ética y a la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) en las funciones técnicas previstas en el decreto.


La institución indicó que el desarrollo regulatorio se apoyará en los instrumentos existentes de transformación digital y modernización administrativa, para mantener la coherencia de las disposiciones y evitar duplicidades y cargas innecesarias.


Datos, servicios digitales y capacitación


Freund vinculó esta iniciativa con cinco áreas de trabajo: datos e interoperabilidad; digitalización administrativa y servicios proactivos; arquitectura pública digital; coordinación de inversiones tecnológicas; y formación de servidores públicos.


Dentro de esa agenda, el MAP citó el Decreto 403-26, que establece el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos para facilitar el intercambio seguro de información entre instituciones y reducir los documentos exigidos a la ciudadanía.


También mencionó el Decreto 384-26, sobre la Estrategia Nacional de Servicios Proactivos, orientada a que las entidades puedan anticiparse progresivamente a determinadas necesidades de las personas. A estos instrumentos se suma el Decreto 714-26, dirigido a coordinar las inversiones en infraestructura digital y evitar duplicidades.


En materia de capacitación, el ministerio impulsa un Marco de Competencias Digitales para Servidores Públicos junto con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), con acompañamiento de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).


La propuesta busca orientar la formación del servicio civil en gestión de datos, uso responsable de inteligencia artificial y habilidades para transformar los servicios públicos. Freund destacó que el personal debe comprender tanto las oportunidades de estas herramientas como sus riesgos y responsabilidades.


El desarrollo del reglamento también tomará como insumo la Evaluación del Panorama de la Inteligencia Artificial (AILA), realizada por el MAP con apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).


Según la institución, la misión técnica de esa evaluación se efectuó en marzo de 2026 y examinó condiciones relacionadas con infraestructura, datos, talento especializado, capacidades institucionales y marcos regulatorios y éticos. El ejercicio servirá para identificar prioridades de la política pública de inteligencia artificial.


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