Un coche de policía frente al Instituto Escolar Caetani, en Roma, tras la evacuación de los alumnos y el personal a raíz de una amenaza de bomba. EFE/EPA/Fabio Frustaci
ROMA, ITALIA/ EL VOCERO.- Unos 6.000 centros educativos italianos recibieron este miércoles falsos avisos de bomba mediante correos electrónicos anónimos, lo que provocó evacuaciones en numerosos establecimientos y el despliegue de operativos policiales.
La cifra procede de fuentes del Ministerio de Educación citadas por medios locales y corresponde a los centros que recibieron las amenazas, no al número de edificios evacuados.
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, afirmó que las comprobaciones realizadas no habían revelado indicios de «peligro real» y convocó una reunión de urgencia en Roma para evaluar la situación.
Las fuerzas de seguridad inspeccionaron los establecimientos afectados sin que, hasta el momento descrito en la información, se hubiera encontrado ningún artefacto explosivo.
La interrupción de las clases generó preocupación entre alumnos, docentes y familiares.
EFE constató que, a las puertas de los centros romanos Talete, Terenzio Mamiani y Luigi Einaudi, algunos estudiantes salían nerviosos o entre lágrimas mientras llamaban a sus padres. Otros aguardaban junto a sus profesores la llegada de sus familiares o se abrazaban para tranquilizarse.
Las amenazas alcanzaron escuelas e institutos públicos de prácticamente todo el país, con excepción del Valle de Aosta y Trentino-Alto Adigio, según el reporte suministrado.
Se trata del segundo episodio masivo de estas características registrado en Italia durante noviembre: a comienzos de mes, mensajes dirigidos a más de 270 directores escolares también ocasionaron interrupciones de clases e inspecciones policiales.
La policía mantiene abierta una investigación para identificar a los responsables y determinar el origen de los envíos.
Aunque el episodio coincide con otros incidentes de seguridad y una creciente preocupación por las amenazas híbridas en Europa, la información aportada no establece una conexión comprobada entre esos hechos y los correos enviados a los centros educativos.