Acta del INABIE confirma adjudicaciones por RD$110.7 millones a tres proveedores señalados en investigación

SANTO DOMINGO, RD/EL VOCERO.- El acta oficial de adjudicación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) confirma contratos por un total de RD$110,785,786.80 a tres proveedores que han sido objeto de cuestionamientos públicos dentro del proceso para suplir el almuerzo escolar en San Pedro de Macorís.

Los beneficiarios identificados en el documento son Beltre Beltre, SRL, Carolin Michel Díaz Beltré y Franniel Ramírez Beltré.

Las adjudicaciones forman parte del procedimiento de Licitación Pública Nacional INABIE-CCC-LPN-2025-0079, destinado al suministro y distribución de raciones alimentarias en centros educativos públicos durante los períodos escolares 2026-2027 y 2027-2028.

El proceso estaba dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas con cocinas instaladas en San Pedro de Macorís.

Tres contratos superan los RD$110 millones

De acuerdo con el Acta núm. 0361-2026, Beltre Beltre, SRL fue adjudicada con el grupo G-56 por RD$48,100,901.68.

Por su parte, Carolin Michel Díaz Beltré recibió una asignación correspondiente al grupo G-15 por RD$38,128,306.32.

Mientras, Franniel Ramírez Beltré aparece adjudicado con el grupo G-11 por RD$24,556,578.80.

La suma exacta de las tres contrataciones asciende a RD$110,785,786.80.

El dato permite comprobar directamente en documentación oficial una parte central de los cuestionamientos surgidos alrededor del procedimiento.

Dos llegaron a la adjudicación por una vía extraordinaria

El expediente revela además que no todos los adjudicatarios siguieron la misma ruta de evaluación.

En la primera fase participaron 91 oferentes. Después de la evaluación preliminar, subsanaciones y debida diligencia, el INABIE habilitó inicialmente a 59 y dejó sin habilitar a otros 32 para la apertura de las ofertas económicas.

Parte de los participantes no habilitados presentó recursos de reconsideración.

Según el acta, esos recursos fueron acogidos en determinados casos y dieron lugar a nuevas evaluaciones legales, técnicas y financieras.

El resultado fue la habilitación extraordinaria de 15 oferentes adicionales.

Entre ellos aparecen expresamente Carolin Michel Díaz Beltré y Franniel Ramírez Beltré, quienes posteriormente también cumplieron con los requisitos de la oferta económica y la garantía de seriedad.

Con las revisiones extraordinarias, el número total de oferentes habilitados aumentó de 59 a 74, mientras 17 quedaron definitivamente fuera de la apertura económica.

Beltre Beltre, SRL, en cambio, aparece entre los participantes habilitados mediante el procedimiento ordinario.

¿Por qué fueron reconsiderados?

El documento aporta una explicación general sobre la creación de la vía extraordinaria, aunque no permite determinar todavía cuál fue la causa específica en los casos de Díaz Beltré y Ramírez Beltré.

El Comité de Compras y Contrataciones sostuvo que durante el proceso se produjeron fallas técnicas u obstáculos operativos en canales de recepción administrados por la propia institución.

Bajo ese argumento, entendió que las consecuencias de esas dificultades no podían trasladarse a los participantes y utilizó el principio de subsanación para ordenar nuevas evaluaciones de determinados oferentes.

Sin embargo, el Acta 0361-2026 no especifica en esas consideraciones generales si esa fue exactamente la situación que motivó los recursos individuales de Díaz Beltré y Ramírez Beltré.

Para establecerlo será necesario revisar sus recursos de reconsideración y las resoluciones particulares mediante las cuales fueron acogidos.

Credenciales financieras eran evaluadas como Cumple o No Cumple

Uno de los principales interrogantes surgidos alrededor de las adjudicaciones se relaciona con la capacidad financiera y operativa de los proveedores.

El acta establece que el procedimiento utilizó una metodología combinada.

Las credenciales legales, financieras y técnicas fueron evaluadas bajo el sistema Cumple/No Cumple, mientras que otros componentes fueron sometidos a puntuación.

La capacidad instalada otorgaba hasta 45 puntos, la inspección técnica otros 35 y la distancia de la cocina con respecto a los centros educativos hasta 20, para completar un máximo de 100 puntos.

Para que una cocina fuera considerada habilitada debía alcanzar al menos 55 puntos en la evaluación correspondiente a capacidad instalada e inspección técnica.

El criterio final de adjudicación privilegiaba la mayor puntuación entre los oferentes que previamente hubieran cumplido con los requisitos legales, técnicos y financieros establecidos.

Por tanto, el acta permite afirmar que los adjudicatarios debieron superar formalmente una evaluación financiera, pero no contiene por sí sola el detalle de los documentos financieros aportados por cada uno.

Ese es uno de los expedientes que todavía debe ser examinado para determinar cómo acreditaron su solvencia.

INABIE realizó inspecciones de las cocinas

La evaluación tampoco se limitaba a la documentación.

El procedimiento contempló visitas de inspección a las instalaciones de los oferentes para comprobar la capacidad de producción, las condiciones técnicas y la correspondencia entre la cocina presentada en la oferta y la infraestructura encontrada durante la visita.

La ubicación de esas cocinas adquiere importancia porque algunos de los proveedores han sido relacionados públicamente con Azua, mientras la contratación corresponde a San Pedro de Macorís.

El acta establece que la distancia se calculó desde la cocina declarada por el proveedor, no desde su domicilio personal o societario.

Para ello se utilizó Google Maps y los resultados fueron validados por la Dirección de Tecnología del INABIE.

Como regla general, las cocinas debían encontrarse dentro de un máximo de 35 kilómetros de los grupos de centros educativos que les serían asignados.

El Comité dejó constancia de que la totalidad de los 62 grupos adjudicados terminó dentro de ese rango y que la mayor distancia promedio registrada fue de 22.075 kilómetros.

Esto significa que la vinculación de un proveedor con Azua no demuestra que los alimentos fueran preparados allí y transportados hasta San Pedro de Macorís.

Para determinar la capacidad real de los tres adjudicatarios será necesario conocer qué cocinas declararon, dónde estaban ubicadas y qué resultados obtuvieron durante las inspecciones.

Expediente fue remitido a DGII y ProCompetencia por hallazgos

Otro elemento contenido en el acta amplía el interés sobre el procedimiento.

Durante la fase de debida diligencia, el Comité de Compras y Contrataciones dispuso remitir información a la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios de la DGII y a ProCompetencia para que analizaran determinados hechos detectados durante las evaluaciones.

El documento posteriormente hace referencia a hallazgos e indicios de comportamientos contrarios o restrictivos a la libre competencia, y establece que las ofertas cuyos cuestionamientos no fueron desvirtuados debían ser rechazadas.

No obstante, el acta disponible no atribuye esos hallazgos específicamente a Beltre Beltre, SRL, Díaz Beltré o Ramírez Beltré.

Vincular individualmente a esos proveedores con las posibles conductas investigadas requeriría documentos adicionales y no puede inferirse únicamente de la existencia de la remisión institucional.

Licitación supera los RD$1,988 millones

El procedimiento completo tuvo una dimensión significativamente mayor que las tres adjudicaciones señaladas.

El INABIE distribuyó 62 grupos referenciales entre 62 proveedores, por un monto global proyectado de RD$1,988,310,569.02 para los dos períodos escolares contemplados.

El precio final establecido fue de RD$93.73 por ración, incluyendo impuestos, para almuerzo y frutas.

El expediente también muestra que existieron más proveedores habilitados que grupos disponibles: 74 participantes superaron finalmente la evaluación, pero solamente había 62 grupos que podían ser asignados.

Documentos pendientes pueden determinar si hubo irregularidades

El Acta 0361-2026 confirma las adjudicaciones y explica cómo funcionó el proceso general, pero no permite concluir que los tres contratos fueron obtenidos irregularmente.

La siguiente fase de revisión documental debe concentrarse en el Informe Preliminar de Evaluación Técnica, el Informe Definitivo, los recursos de reconsideración presentados por Díaz Beltré y Ramírez Beltré, las resoluciones que los favorecieron y los informes extraordinarios que finalmente permitieron su habilitación.

También resultan determinantes los informes individuales de inspección de las tres cocinas y la documentación financiera con la que cada proveedor acreditó capacidad para ejecutar los contratos.

Esos expedientes permitirán responder una cuestión que el acta final todavía no resuelve: qué impidió inicialmente que dos de los proveedores fueran habilitados y qué pruebas o argumentos hicieron que la decisión cambiara posteriormente.

Hasta obtener esos documentos, lo comprobado oficialmente es que los tres proveedores recibieron adjudicaciones que suman RD$110.7 millones, y que dos de ellos llegaron a esa adjudicación después de un proceso extraordinario de reconsideración.