Los detalles del plan de EE.UU. para Venezuela: nuevo Supremo en dos meses y el desmantelamiento del sistema electoral

María Corina Machado le entregó a Trump su medalla del Nobel de la Paz el pasado enero. (Reuters)

WASHINGTON, EE.UU./ AGENCIA ABC.- La Administración Trump ha fijado un calendario detallado para la transición política en Venezuela, con el objetivo de renovar las principales instituciones del régimen, celebrar elecciones presidenciales y culminar el proceso antes de que termine el mandato del presidente estadounidense, en enero de 2029.

Washington quiere tener un Tribunal Supremo de Justicia completamente renovado antes de mediados de diciembre, sustituir poco después el Consejo Nacional Electoral y declarar entonces la ausencia definitiva de Nicolás Maduro en la Presidencia, algo que hará Delcy Rodriguez. Ese último paso abriría el procedimiento para convocar elecciones, aunque Estados Unidos todavía no ha establecido una fecha para celebrarlas.

Los detalles fueron explicados este lunes por un alto funcionario del Departamento de Estado, bajo condición de anonimato, durante una conversación telefónica con periodistas. La exposición se produjo después de la cuarta ronda de negociaciones entre representantes del chavismo y de la oposición venezolana, que ha permitido alcanzar nuevos acuerdos sobre la renovación judicial.

Washington considera que esos avances representan la oportunidad más importante de los últimos años para construir una democracia estable en Venezuela.

La estrategia estadounidense parte de una premisa: no puede haber elecciones libres mientras los tribunales y los organismos electorales sigan controlados por las estructuras que permitieron a Maduro mantenerse en el poder. Washington atribuye al Tribunal Supremo un papel decisivo en la consolidación de la dictadura, especialmente desde 2015, cuando fue utilizado para neutralizar a la Asamblea Nacional y validar numerosas decisiones del régimen.

El Consejo Nacional Electoral, por su parte, ha servido para controlar el registro de partidos y excluir candidatos, como ocurrió con María Corina Machado antes de las presidenciales de julio de 2024.

«Hay que arrancar esa infraestructura y sustituirla por otra nueva. No puede haber elecciones creíbles en el país mientras siga existiendo», explicó el alto funcionario estadounidense. La Administración Trump quiere impedir que el chavismo pueda manipular una votación o utilizar los tribunales para anular una eventual victoria opositora.

1.- Renovación judicial, ya en marcha

El primer paso será la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia. Los representantes del PSUV, con Jorge Rodríguez como principal interlocutor, y los sectores opositores vinculados a la Asamblea Nacional elegida en 2015 han acordado constituir un comité de selección judicial. Ambas partes han designado a sus integrantes, fundamentalmente profesores de Derecho y juristas de reconocido prestigio que, según Washington, no son operadores políticos de los partidos.

El comité deberá examinar las candidaturas y presentar una lista consensuada de 32 magistrados. Los nombres serán remitidos después a la Asamblea Nacional, donde Jorge Rodríguez tendrá que conseguir su aprobación. El compromiso es que el Parlamento respete la selección acordada y permita constituir un Supremo completamente renovado.

«El objetivo es tener un nuevo Tribunal Supremo antes de que termine este año, es decir, hacia mediados de diciembre», precisó el funcionario. Washington considera que este acuerdo es especialmente importante porque el TSJ concentra competencias mucho más amplias que las de un Tribunal Supremo al uso y puede condicionar prácticamente todas las decisiones relevantes del Estado.

2.- Reforma exprés del CNE

La segunda reforma afectará al Consejo Nacional Electoral. Las conversaciones sobre este organismo ya han comenzado y continuarán en la siguiente ronda negociadora. Estados Unidos pretende sustituir a todos sus integrantes mediante un procedimiento similar al previsto para el Supremo, aunque con una diferencia fundamental: los nuevos nombramientos no necesitarán la ratificación de la Asamblea Nacional, lo que permitirá acelerar el proceso.

Pero Washington no quiere limitarse a cambiar los nombres. Exige también modificar las atribuciones del organismo para privarlo de cualquier capacidad de intervención política. El CNE dejará de poder impedir que un candidato concurra a unas elecciones, negar el registro de partidos o decidir quién tiene derecho a participar.

«El CNE se convertirá fundamentalmente en una plataforma técnica. Se le retirarán todos sus componentes políticos. Ya no podrá eliminar candidatos de las papeletas ni decidir quién puede presentarse y quién no», explicó la fuente estadounidense.

Sus responsabilidades quedarán limitadas a organizar los centros de votación, instalar las máquinas, contar los sufragios y anunciar los resultados. El modelo propuesto es semejante al de las autoridades electorales de los estados y condados estadounidenses. La intención es completar esta reforma poco después de constituir el nuevo Supremo, aunque todavía no existe una fecha cerrada.

3.- La ausencia definitiva de Maduro

Una vez renovadas ambas instituciones llegará el momento decisivo. Estados Unidos pretende que las autoridades venezolanas reconozcan formalmente la ausencia definitiva de Maduro, capturado el pasado 3 de enero y encarcelado desde entonces en Nueva York. Delcy Rodríguez ejerce la Presidencia de manera interina, pero el Gobierno venezolano todavía no ha declarado la falta absoluta del anterior mandatario.

«Delcy tendrá que declarar una vacante en la Presidencia, una vacante permanente. Todavía no lo han hecho», señaló el alto funcionario.

Según el calendario expuesto por Washington, esa declaración abriría un período de seis meses para celebrar nuevas elecciones, cuya fecha exacta determinaría el Consejo Nacional Electoral ya reformado. La Administración estadounidense no ha anunciado, por tanto, el año ni el mes de los comicios. Su plan establece primero la renovación del Supremo, después la del organismo electoral y, finalmente, la activación del procedimiento constitucional para elegir presidente.

Existe, sin embargo, una cuestión jurídica pendiente de aclaración. El artículo 233 de la Constitución venezolana establece un plazo de treinta días para celebrar elecciones cuando se produce una falta absoluta durante los primeros cuatro años del mandato presidencial, y no de seis meses. Washington no explicó si contempla una modificación del procedimiento o una interpretación diferente de sus disposiciones.

4.- Lecciones del fracaso de Biden

La Administración Trump considera que celebrar elecciones antes de completar estas reformas supondría repetir el fracaso de las negociaciones de Joe Biden con Maduro. Según el alto funcionario, la anterior Administración realizó concesiones irreversibles, entre ellas el levantamiento parcial de sanciones y la liberación de Alex Saab y de los sobrinos de Cilia Flores condenados por narcotráfico, sin exigir previamente la transformación de los organismos encargados de garantizar las elecciones.

«Venezuela podría celebrar unas elecciones el próximo mes. Tiene las máquinas y puede abrir los colegios electorales. Pero no serían unas elecciones libres ni justas», explicó. El objetivo estadounidense es que, una vez celebrada la votación, el partido derrotado reconozca el resultado y acepte pasar a la oposición sin recurrir a las instituciones para mantenerse en el poder.

La apertura política deberá avanzar al mismo tiempo que las reformas. Washington exige que los partidos puedan actuar libremente, que sus dirigentes recorran el país sin amenazas de detención y que los medios de comunicación permitan el acceso de todas las candidaturas. Entre las condiciones mencionó expresamente la libertad de prensa, el acceso a la televisión nacional y la posibilidad de utilizar redes sociales como X e Instagram.

5.- Reformas económicas

El plan estadounidense también contempla una recuperación económica que permita gobernar al vencedor de las elecciones. Washington teme que una oposición que llegue al poder encuentre un Estado arruinado, con una deuda extraordinaria, infraestructuras deterioradas, cortes de electricidad, inflación y unos servicios de seguridad todavía dominados por dirigentes chavistas.

El funcionario planteó un escenario hipotético: María Corina Machado gana unas elecciones y asume la Presidencia, pero no controla la Asamblea Nacional ni las fuerzas de seguridad y debe afrontar una crisis económica sin recursos suficientes. En esas condiciones, advirtió, el nuevo Gobierno podría fracasar rápidamente y comprometer toda la transición.

«Si queremos que un Gobierno elegido democráticamente tenga éxito, no podemos permitir que herede un apocalipsis económico que acabe derribándolo», explicó. Por eso Estados Unidos considera que las inversiones petroleras, la recuperación de la producción y la reorganización de las finanzas públicas deben avanzar antes de que se produzca el relevo presidencial.

6.- Pactar con los aparatos de poder

También pretende evitar una confrontación con los aparatos militares y policiales construidos durante décadas de chavismo. La Administración estadounidense considera indispensable obtener la cooperación de quienes todavía controlan las armas y los organismos de seguridad. El funcionario citó las transiciones de España, Portugal y Paraguay para defender la necesidad de negociar con responsables del régimen anterior.

«Para que una transición sea pacífica hace falta la aceptación y la cooperación de la otra parte, especialmente de quienes controlan los servicios de seguridad de un país», sostuvo. Washington considera que la alternativa podría ser una situación de violencia interna, insubordinación militar o incluso una guerra civil.

La estrategia depende, por tanto, de la colaboración de Delcy Rodríguez y de otros dirigentes chavistas. Sin embargo, Estados Unidos asegura que conserva una importante capacidad de presión. El funcionario confirmó que las autoridades venezolanas han aceptado plazos concretos y que, hasta ahora, los están cumpliendo, pese a un retraso de aproximadamente ocho semanas provocado por los terremotos de junio y las posteriores operaciones humanitarias.

«Tenemos unos plazos que ellos han aceptado y, hasta ahora, han cumplido todos y cada uno», declaró el secretario de Estado.

El funcionario recordó que Venezuela continúa sometida a numerosas sanciones estadounidenses y que buena parte de la actividad económica autorizada desde enero depende de licencias y excepciones del Departamento del Tesoro. Washington puede utilizar esas autorizaciones para incentivar el cumplimiento de los acuerdos y conserva la posibilidad de modificar su política si las negociaciones fracasan.

«Estados Unidos tiene una influencia considerable sobre el rumbo de estas conversaciones y los resultados que obtenemos de ellas», advirtió. El secretario de Estado descartó que el Gobierno interino pueda prolongar artificialmente el proceso. «¿Y si intentan hacernos esperar dos años? Eso no va a ocurrir», aseguró.

La Administración Trump no contempla necesariamente la desaparición del chavismo como fuerza política, sino su participación en un sistema donde pueda perder elecciones y ejercer la oposición sin controlar los tribunales ni los organismos electorales. El objetivo es construir una democracia capaz de sobrevivir a varias alternancias políticas, evitar una nueva crisis institucional y facilitar el regreso de los millones de venezolanos que han abandonado el país.

El gobierno de EE.UU. considera que las negociaciones actuales representan la mejor oportunidad de los últimos años para conseguirlo y quiere completar la transición durante su etapa al frente de la diplomacia estadounidense, sin agotar el mandato de Trump.

«Hay que cambiar la infraestructura electoral, no dentro de diez años, ni de cinco, ni de dos. Tiene que hacerse rápidamente, dentro de los plazos que hemos establecido», concluyó.